Fuente: http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/43079/PropietariosquedantotalmentedesprotegidosanteLeydeArrendamiento/
Publicado: 27 de Julio de 2012
Venezuela
Diversas
interrogantes se han suscitado ante la aprobación de normativas que van
en detrimento del sector inmobiliario. La Ley de Arrendamiento, la Ley
de Costos y Precios Justos y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria; son
algunos de los decretos que ha hecho el Ejecutivo Nacional y que a poco
tiempo de su aprobación han tenido un impacto negativo en la oferta de
renta y venta de viviendas.
El
presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martini Pietri
explicó cómo es que a partir de esta ley los propietarios quedan
totalmente desprotegidos y en riesgo de perder su inmueble, lo que crea
un desbalance en la relación comercial que ha ido liquidando la oferta
arrendataria en el país.
“El
objeto de las legislaciones es garantizar a las personas sus derechos y
lamentablemente la Ley de Arrendamiento viola justamente eso, ya que
desprotege al propietario y resta la libre disponibilidad de la
propiedad privada expuesta en el Artículo 115 de la Constitución
Nacional, en beneficio de los demás venezolanos que también tienen
derecho a una vivienda digna”.
El
desfase de estas reglas está precisamente en que quien posea una
vivienda alquilada no podrá desalojar al ocupante mientras el Gobierno
no le consiga un sitio para vivir, lo que trae a colación la realidad
habitacional en Venezuela, la misma que tiene un déficit de 2 millones
750 mil.
Es
por ello que no hay forma en que el arrendatario pueda resguardar su
bien, lo que lo lleva a retirarse del mercado, mientras continúe la
ausencia de una normativa que blinde su pertenencia.
Las
consecuencias ya se pueden observar. En los periódicos regionales y
nacionales se nota la ausencia de clasificados para alquilar
apartamentos y viviendas. Muchos han preferido restar este ingreso o
vender de cara al riesgo de perder el inmueble.
La bandera GMVV
En
cuanto a las políticas gubernamentales para atacar el déficit
habitacional, Martini opinó que no se está abordando con la debida
mesura la falta de viviendas. Para él la realidad se desdibuja con
cifras falsas de las casas que se están construyendo.
El
Ejecutivo Nacional creó la Gran Misión Vivienda Venezuela en la bandera
de su Gobierno, pero esta no se ha ejecutado cabalmente y sólo ha
paliado la grave enfermedad de carencia habitacional que sufre
Venezuela.
La
denuncia del titular de la Cámara Inmobiliaria responde al maquillaje
de la cantidad real de entregas que se están haciendo. Constantemente el
Gabinete Nacional se vanagloria con la concesión de ciertos complejos,
cuando la verdad es que la mayoría obedece al programa “casa por racho”,
es decir, mejorías y no edificaciones nuevas.
Desde
el segundo semestre de 2011 a 2012, se han adjudicado 225 mil
viviendas, de las cuales 110 mil son resultado de adecuaciones, 65 mil
han estado a cargo del sector privado y el resto ha sido obra del
Gobierno.
Esto
es el resultado de la construcción de 6 mil viviendas al mes, lo que
dará a final de año 75 mil entre ambos sectores, cifra que no suple las
necesidades del país en relación al crecimiento vegetativo, puesto que
éste supera las 100 mil.
“Si
a esto tú le agregas que a los constructores privados se les está
excluyendo, que no hay materias primas y que la permisología es bastante
restringida, entonces es cuando se llega a la conclusión de que el
Gobierno no está aplicando las políticas necesarias para atacar el
problema”.
Resaltó
que esto obedece a una estrategia electoral, ya que cada jueves se
hacen publicaciones de entregas de la GMVV que no pueden ser
comprobables.
Las secuelas son los miles de damnificados y las invasiones diarias.
Aunado
a esto no se están dando títulos de propiedad, lo que implica que a
quienes se les cede un hogar no pueden vender a futuro para buscar una
mejor situación habitacional. Tampoco tienen acceso a hipotecas, ni se
podrá heredar.
Positiva ampliación crediticia
Respecto
a las nuevas normas que publicó el Ministerio de la Vivienda y Hábitat
para regular los créditos para la adquisición de vivienda principal a
través de la gaveta hipotecaria y la Ley de Vivienda, expresó que las
disposiciones que hablan de una extensión de las fechas de pago y
préstamos de hasta 100% para comprar un hogar, representa una gran
oportunidad y apoyo para quienes no pueden reunir un capital por la
inclemente inflación que hay en el país.
Recordó
que la situación económica de Venezuela da como resultado que no haya
posibilidades de ahorro y menos con un salario básico que apenas da para
suplir la mitad de la cesta alimenticia. Por tal motivo, esta
alternativa abre posibilidades de demanda de vivienda, “lamentablemente
la oferta que hay es poca, no hay construcciones suficientes para
suplir”.
En
la actualidad ni siquiera el sector privado puede encarar este déficit,
las cifras del Banco Central de Venezuela así lo evidencian. “Hace 13
años había una participación de capital privado de 43% del PIB de la
construcción, entre: viviendas, oficinas y locales comerciales. Ahora es
menos de 20%”.
Según
cifras del BCV, para el primer trimestre de este año la construcción
creció en 29,5%, pero entre líneas también está el hecho de que el
sector privado decreció en este ámbito un 10,5%. Decaimiento sostenido
que se viene suscitando desde hace nueve trimestres consecutivos.
Esto
responde a políticas ideológicas del Gobierno, que desea perfilarse
como el mayor constructor del país, pero está errando ya que el índice
ha mermado y además va en detrimento del empleo a venezolanos, pues se
está trayendo fuerza de trabajo de otras latitudes para el
emprendimiento de obras.
Adicionalmente
de acuerdo a informaciones que maneja Martini Pietri, las viviendas
entregadas no cuentan con todos los servicios, ni las condiciones
básicas como agua, luz, cloacas, estacionamiento, entre otros.
“Participación de todos”
Para
solucionar esta problemática el presidente de CIV puntualizó que se
debe partir del hecho de que todos deben estar incluidos en el
desarrollo constructor, ayudado de un marco jurídico que respete la
propiedad privada y el derecho de los venezolanos.
Debe
haber un consenso de todas las partes, en especial de los surtidores de
materia prima como el cemento, cabillas, bloques y demás materiales.
“Primeramente, debe haber un restablecimiento del orden y del respeto al sector privado”.
